México afirmó su posición a través de su presidente Felipe Calderón quien declaró: “estamos convencidos de la necesidad de proteger y respetar de manera irrestricta los derechos humanos de los migrantes, en concordancia con las recomendaciones hechas por el propio Parlamento Europeo y los parlamentos latinoamericanos en la reciente Asamblea Eurolat, celebrada el 1 de mayo de 2008”.

A lo que además agregó: “tenemos la convicción de que la atención del fenómeno migratorio de nacionales de países en desarrollo hacia países desarrollados, requiere de un enfoque integral que considere las contribuciones positivas que realizan los migrantes a la economía y la cultura de los países en los que residen.

Por lo que pidió a la UE  acordar como objetivo en la agenda birregional en la materia el tema migratorio que permita una mejor comprensión de las realidades de la migración, abordar los vínculos entre migración y desarrollo y garantizar un trato digno y justo a los migrantes indocumentados”.

México, Colombia, Dominicana y los países de Centroamérica lamentaron la adopción de la llamada "Directiva de Retorno" de inmigrantes en Europa, por sus efectos negativos en los derechos humanos y la dignidad de las personas.

Dichos países reiteran el compromiso de impulsar políticas, programas y acciones a favor de una migración legal

En un capítulo destinado al tema de la migración en la "Declaración de Villahermosa" - los presidentes de esos países lamentan "profundamente" la adopción de la medida.

Exponen que la directiva sobre "procedimientos y normas comunes para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio" es contraria a los esfuerzos de integración.

Los mandatarios señalan que la Unión Europea viene trabajando con América Latina en la integración y cohesión social, mientras se viene negociando un Acuerdo de Asociación con Centroamérica que ahora se contradicen con la "Directiva de Retorno".

También sobre el tema migratorio, los países del área reconocieron el esfuerzo de México para descriminalizar la migración y reafirmaron "nuestro decidido compromiso con la protección y pleno respeto a los derechos de los migrantes y sus familias".

La declaración considera esencial dicho criterio para la definición y elaboración de políticas y normas migratorias en la región, que sean integrales y reconozcan las causas y aportes positivos de los migrantes.